Los ecosistemas son el soporte para la vida en el planeta ya que proveen una serie de bienes y servicios. Sin embargo, las actividades antropogénicas de los últimos 50 años han acelerado su degradación en más del 60% de los ecosistemas del mundo. Esto tiene efectos negativos sobre la biodiversidad, interacciones entre especies y las funciones del ecosistema, lo que afecta directamente la salud humana, la cultura y la economía (Millennium Ecosystem Assessment, 2005). La pérdida de biodiversidad se debe a amenazas como pérdida de hábitat, sobreexplotación de recursos naturales, contaminación y propagación de especies exóticas invasoras y cambio climático. El último informe de “Living Planet Index (https://livingplanetindex.org/home/index)” así como el informe “The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) (https://ipbes.net/)” muestran que no sólo estamos perdiendo especies a una tasa acelerada, incluyendo especies aún desconocidas, así como linajes enteros. Este escenario tiene efectos directos en el bienestar humano, especialmente para los más pobres y vulnerables (Convention on Biological Diversity, 2010; Global Biodiversity Outlook 3, 2010). Las consecuencias son variadas abarcando entre otros al nivel de la seguridad alimentaria, donde al disminuir la cantidad de especies silvestres destinadas al consumo alimenticio se recurren a actividades ilegales violando las vedas o cuotas con las que se pretende protegerlas.
En sistemas marinos, por ejemplo, este escenario ha dado lugar a o la pesca ilegal no declarada y no reglamentada (INDNR), una de las actividades criminales con mayor flujo financiero a nivel mundial. Paralelamente, se ha incrementado el fraude alimentario, en el cual se sustituye especies de mayor valor, por otras de menor valor o cuya pesca es prohibida, o que pueden ser potencialmente alergénicas, constituyendo un peligro para la inocuidad de los alimentos. En Chile, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA), entidad fiscalizadora de la Ley de Pesca, indica que la pesca INDNR en aguas de jurisdiccionales chilenas alcanzó los US$300 millones el año 2017. Esto equivale a unas 320 mil toneladas de recursos extraídos, muchos de los cuales presentan problemas de conservación. Tal es el caso de la merluza común, merluza del sur, sardina, anchoveta y diferentes algas pardas.
En la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y recientemente Brasil se ha incorporado como requisito el etiquetado y la trazabilidad de los productos del mar en sus legislaciones, con el fin de combatir la pesca INDNR y evitar el daño a la salud de las personas, al medioambiente y el fraude. De esta manera, el etiquetado del producto debe contener el nombre comercial y científico de la especie comercializada. Sin embargo, para realizar una exitosa fiscalización, especialmente cuando los productos han sido procesados y carecen de caracteres morfológicos diagnósticos que permitan su verificación, se ha implementado la identificación genética, basada en la técnica “DNA-Barcoding” o código de barra de ADN.
Para la identificación genética, se compara el producto que contiene al individuo dudoso o problema con una base de datos de las especies comercializadas, que contiene las secuencias de genes que han sido estandarizados (código de barra mitocondrial o cloroplastidial), permitiendo así la identificación taxonómica del espécimen. Dada su eficacia, esta metodología ha sido ampliamente usada y reconocida internacionalmente, permitiendo identificar las especies de forma fidedigna, incluso a partir de material biológico incompleto, dañado o en diferentes estados de desarrollo. Sin embargo, es indispensable para la aplicación de esta metodología, que exista el banco o base de datos genéticos de referencia y que esté taxonómicamente curada (identificada por un taxónomo especialista), para asegurar una correcta identificación.
La implementación de estas técnicas en el área marina impone nuevos desafíos a quienes comercialicen internacionalmente recursos marinos, como Chile. Ello requerirá de etiquetados confiables. Por ello, se hace indispensable establecer un banco chileno de datos genéticos que, basados en el código de barra del ADN de las especies nacionales, respalde a la industria pesquera y acuícola, tanto a nivel industrial como artesanal, así como para la entidad fiscalizadora SERNAPESCA. Actualmente, la Universidad de Chile posee las capacidades profesionales y técnicas en la identificación genética y ya cuenta con una Plataforma de Gestión de Datos, que genera y almacena una gran cantidad de datos. Por otra parte, sus investigadores provenientes de diferentes áreas han conformado recientemente el centro multidisciplinario Food Quality Research Center, cuyo objetivo es precisamente velar por la seguridad alimentaria, ayudando en la identificación y etiquetado correcto de las especies que se comercializan. Así, la U. de Chile cuenta con las capacidades necesarias en sistemas marinos, pudiendo colaborar en la generación de la base para políticas de transparencia y confianza en el mercado internacional donde se comercializan nuestros productos, basada en sólida ciencia.
El establecer un banco de datos genéticos de recursos marinos nacionales es una oportunidad para proteger los recursos, así como incrementar la especialización exportadora del punto de vista de los productos y los mercados. Por ejemplo, en términos ecológicos, esto aseguraría que las especies chilenas que se comercializan sean realmente las declaradas reduciendo su explotación ilegal, y apoyando el conocimiento de nuestra biodiversidad nacional, su historia evolutiva, su variación geográfica y con ello establecer estados y prioridades de conservación de los recursos marinos. A nivel socioeconómico, considerando el gran volumen de comercialización de los productos del mar, la identificación genética de especies sería una ventaja competitiva a distintas escalas. Por ejemplo, a nivel local, el comercio podría reducir el fraude alimentario asociado al reemplazo de especies chilenas legalmente comercializados y sin restricción de pesca, por peces importados como pangasius o tilapia, considerados con bajo valor nutricional y sostenibilidad en los procesos de obtención, transporte y distribución de los alimentos. Por otro lado, a nivel internacional, la exportación de productos que salen con certificación desde Chile evitará en el caso de los refrigerados, descomposición o perdidas al ser retenidos para la fiscalización. En tanto que la certificación en productos procesados como filetes de pescado, moluscos desconchados, crustáceos desmenuzados y algas secas, evitará el comercio ilegal de especies, el fraude alimenticio, y la protección de especies en peligro de extinción asegurando su conservación y disponibilidad en el largo plazo. Los bancos de datos son urgentes, necesarios y posibles.
Caren Vega-Retter, Alejandra V. González, David Véliz
Departamento de Ciencias Ecológicas, Facultad de Ciencias
Natalia Lam, Cristian Araneda
Departamento de Producción Animal, Facultad de Agronomía
María Angélica Larraín
Departamento de Ciencia de los Alimentos y Tecnología Química, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas
Fuente: http://ambiente.uchile.cl/2020/10/23/columna-de-opinion-el-valor-de-los-bancos-de-datos-geneticos/
